Article d'opinió de Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària

Publicat de manera original al Crític

Las llaman bebidas energéticas, pero sería más correcto denominarlas excitantes, ya que son un cóctel de café, azúcar y otros aditivos. A pesar de ello, son consumidas habitualmente por casi el 70 % de la población adolescente entre 10 y 18 años (de quienes el 12 % consume más de 7 litros al mes) y casi el 20 % de los niños y niñas de entre 3 y 10 años.

La organización Justicia Alimentaria, junto a la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y sus organizaciones locales socias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala lanzan la campaña regional “Defendamos a Defensoras y Defensores”, una iniciativa que persigue crear conciencia en la población para defender y apoyar a las personas que alzan la voz para preservar la vida y los bienes naturales en sus territorios.

Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

Publicado de manera original en Nuevatribuna.es

Tras el anuncio del Ministro de Consumo de iniciar un proceso de regulación y limitación de la publicidad de alimentos no saludables para público infantil, Justicia Alimentaria celebra esta decisión ya que cambia el paradigma de la salud alimentaria apostando por un sistema regulatorio público y no el de la autoregulación empresarial actual. La población infantil es altamente vulnerable a la publicidad y condiciona enormemente su consumo.

¿Qué significa que un alimento tiene la etiqueta bio en su packaging? ¿Sabes cuánto contamina el yogurt ecológico que compras todas las semanas?  Hoy en día, muchos productos alimentarios cuentan con infinidad de sellos y certificaciones fruto del greenwashing empresarial, técnicas de marketing que las empresas utilizan para aprovecharse del vacío legal que impera en la industria alimentaria. Justicia Alimentaria ha presentado hoy en València el informe ‘Las Mentiras que Comemos.

El pasado 25 de junio el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeos llegaron a un acuerdo que incluye la condicionalidad social como un elemento central de la nueva PAC para 2023-2027. Por primera vez en la historia, las instituciones de la UE acordaron una reforma de la PAC que tiene en cuenta las condiciones de millones de trabajadores agrícolas en Europa.

Como siempre decimos desde Justicia Alimentaria, existen desigualdades estructurales que marcan nuestra salud alimentaria. Y las personas en situación de vulnerabilidad social muestran mayor incidencia que otros grupos poblacionales a las enfermedades crónicas derivadas de una alimentación inadecuada.

Recuperar y revalorizar la papa nativa en Chuquisaca, Bolivia.

Las organizaciones Amigos de la Tierra, CERAI, COAG y Justicia Alimentaria solicitan al Gobierno español que no participe en la Cumbre de Sistemas Alimentarios (UNFSS) impulsada por el secretario general de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre en Nueva York.

La Alianza por una Alimentación Saludable,1 ante la polémica suscitada por la campaña del Ministerio de Consumo sobre la conveniencia de reducir el consumo de carne, manifiesta lo siguiente:

Tras las declaraciones de esta semana del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendando una reducción del consumo de carne Justicia Alimentaria pide al Gobierno que no se quede solo en recomendaciones individuales y que legisle al respecto. El debate abierto por el Ministro Garzón no es nuevo y es totalmente necesario, ya que reducir el consumo de carne es parte de la solucióna muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, de salud y de emergencia climática.

Webinar sobre publicidad y etiquetado en República Dominicana.

El 25 de junio a las 10h analizaremos la problemática que supone la falta de regulación del etiquetado de los alimentos industrializados y la publicidad de los mismos, sobre todo la que va dirigida a la población infantil en la República Dominicana.

No son tiempos de convenciones y discursos. La emergencia climática precisa de acciones concretas que garanticen el futuro de la humanidad y del planeta.

Esta declaración de intenciones abre el documental sobre la agricultura urbana saludable en Cuba como ejemplo de resiliencia ante la emergencia climática, producido por Justicia Alimentaria en 2021.

El Estado plurinacional de Bolivia reconoce tanto la pluralidad de sus pueblos y naciones indígenas como la de su economía, siendo la economía comunitaria producto de los modos de organización de los pueblos indígenas originarios campesinos. En este contexto, desde Justicia Alimentaria apoyamos desde hace años la constitución de las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) de los pueblos originarios indígenas como actores protagónicoas para la integración de la agricultura familiar sostenible y la soberanía alimentaria en este modelo económico plural. 

Jan eta ikasi, eskolatik hasi es una guía 2.0 elaborada por Justicia Alimentaria, EHIGE, las personas representantes de los proyectos pilotos y Sorkin, que reúne pautas, ideas y orientaciones para transformar nuestro comedor en uno más sano, educativo, cercano, agroecológico y justo.

• Con motivo del Día Internacional de las luchas campesinas, el movimiento internacional campesino hace un llamamiento a visibilizar las iniciativas de soberanía alimentaria que han garantizado el derecho de las personas a la alimentación sana y sostenible.

Tal y como reconoce el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO, la mayor parte de la alimentación pasa por los mercados territoriales, de hecho, solo entre un 10-12% de la producción pasa por mercados internacionales. Estos mercados contribuyen de manera más directa a la economía local, ya que el campesinado se queda con la mayor parte del precio del producto.

Justicia Alimentaria, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Food & Water Action Europe y el Observatorio de la Deuda en la Globalización solicitan al Gobierno español que los 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y amparados en las políticas verde y digital de la UE, vayan destinados a impulsar una transición justa y sostenible del modelo agroganadero.

El sistema hace aguas por todas partes. No cuida la vida, las personas, ni el planeta. Es por eso que a pesar de las restricciones y la situación de pandemia mundial, no queremos dejar de reivindicar una sociedad igualitaria, libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Desde Justicia Alimentaria nos agarramos al feminismo como piedra angular de nuestro trabajo, ya que el cambio del sistema agroalimentario no puede entenderse sin igualdad social y política entre hombres y mujeres. Si queremos una sociedad justa debe ser feminista.

Alimentos que viajan miles de kilómetros, suelos empobrecidos y contaminados, océanos de plástico, hambre y malnutrición, despoblación rural...… pero también un mercado como punto de encuentro, la posibilidad de una agricultura que regenere el suelo, el cuidado de una mujer que cocina para sus nietos o la relación de confianza mutua entre un consumidor y un productor. ¿Cuál es nuestra relación con los alimentos? ¿Qué nos estamos dejando por el camino? ¿Te imaginas otros escenarios?

• El informe “Plastívoros” publicado hoy por Justicia Alimentaria y Amigos de la Tierra pone de relieve la alarmante contaminación por microplásticos en la tierra del Estado español y sus graves impactos en nuestra alimentación, salud y ecosistemas. 

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Despedimos el año en la delegación de Euskadi con la guía de experiencias ‘El secreto está en la huerta. Proyectos cerca de ti que cultivan soberanía alimentaria y contribuyen a la transformación y cohesión social’. Un total de 39 iniciativas sociales, muchas empresariales, que apuestan por un modelo de alimentación respetuoso con las personas, con los entornos y que miran al futuro.

Los datos del último Estudio ALADINO1 muestran que el 40,6 % de los niños y niñas de 6 a 9 años padecen exceso de peso en el Estado español: el 23,3 %, sobrepeso; el 17,3 %, obesidad y el 4,2 %, obesidad grave. Una condición que afecta mayoritariamente a población socioeconómicamente vulnerable y que disminuye la esperanza de vida en 10 años, lo cual condena a estos y estas menores a vivir menos años que la generación de sus padres y madres por primera vez en la historia.

Esta mañana la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha amanecido con tres grandes puestos de cartón pluma representando un mercado agroecológico. Se trata de una iniciativa de las entidades agrarias, sociales y ecologistas Acció Ecologista-Agró, CCPV-COAG, CERAI, Ecomaclet, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Mundubat, PER L’HORTA y la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià para exigir un modelo de alimentación sostenible para la ciudad.

El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido por la legislación internacional. En el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificado en el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El 15 de octubre a las 18h analizaremos el contexto actual y explicaremos el trabajo que estamos desarrollando para evitar que esta crisis se convierta en una crisis de hambre.

Claudia Garcia es alumna del Basque Culinary Center y ha realizado su trabajo de final de grado en la delegación de Euskadi de Justicia Alimentaria

1. ¿Qué trabajo desarrollaste como final de grado?

En la lengua quechua, ayni se refiere al concepto de ayuda mutua y de reciprocidad entre las personas de las comunidades montañosas andinas. Por eso, cuando hablamos de ayni, nos referimos a la cooperación entre los miembros de una comunidad, ya sea en sus tareas particulares cuando necesitan ayuda, en las labores agrícolas, en la construcción de viviendas o en otras necesidades. La ley del ayni establece que todo en el mundo está conectado y representa una forma de relacionarse desde los cuidados.

La Alianza por la Salud Alimentaria, formada por las organizaciones Justicia Alimentaria, SESPAS, CEAPA, CECU, Amigos de la Tierra y Medicus Mundi, reclama una normativa estatal, en los ámbitos sanitario y de consumo, que regule los conflictos de intereses derivados de las relaciones con industrias de productos con un impacto en la salud —alimentarios o de bebidas alcohólicas—, de profesionales del campo científico y del ámbito de la atención sanitaria, la salud pública y áreas relacionadas, así como del funcionariado y personas encargadas de la elaboración de políticas de salud pública.

La sobredimensión de la producción y consumo de carne en el Estado español es incuestionable, como lo son sus efectos negativos para la salud y el medio ambiente; y ha acabado convirtiéndose en un grave problema para la sociedad.

Han sido muchas las demandas que hemos recibido en los últimos meses sobre el tipo de alimentación que se les está dando a los bebés de 0-3 años.